¿DESMANTELANDO EL ESTADO?

Recortes, supresiones, reducciones, ajustes y demás vocablos están presentes a todas horas desde el inicio de esta crisis. A todas horas se encargan los medios de propaganda oficial de recordarnos cómo el Estado se desmorona debido al enorme agujero que debe tapar en las cuentas públicas. Sin embargo, en ninguno de estos medios aparece un pequeño matiz que cambia totalmente el significado de estas expresiones. Lo que se viene abajo no es el Estado sino las prestaciones que hasta hace poco venía ofreciendo a la ciudadanía, por el contrario, éste está más fuerte que nunca.

Hay varios datos que demuestran la fortaleza estatal en estos tiempos en los que las personas vivimos con la soga al cuello. Estos datos vienen a demostrar cuál es la verdadera naturaleza del Estado y a qué cuestiones jamás renunciará.

Primero tenemos el consabido gasto militar (no debemos olvidar que el ejército es la entidad fundamental del Estado sea cual sea el momento histórico). En este país poco importa la crisis cuando se trata de tener contentos a nuestros militares. Sistemáticamente, el gasto militar va incrementándose año tras año (a pesar de que intentan disimularlo con una mínima bajada del presupuesto de “defensa” que compensan con creces a través de partidas desperdigadas por diversos ministerios como el de Industria). El pasado año, en plena crisis económica y con los recortes sociales y reformas laborales ahogando al pueblo, el Estado gastó más de 18.000 millones de euros en este apartado, 3.000 millones de euros más que en 2004 cuando estábamos en pleno auge económico. Además el mal llamado Ministerio de Defensa acumula una deuda de más de 30.000 millones de euros a causa de sus continuas inversiones en programas militares. Por supuesto, esta deuda será saldada a costa del pueblo.

Segundo, el ejército de ocupación interior. En la actualidad, los diferentes cuerpos de policía suman un total de unos 300.000 efectivos que como hemos visto últimamente, están perfectamente armados y adiestrados para atacar a la ciudadanía. Jamás en la historia del Estado Español ha existido una fuerza policial tan numerosa como en la actualidad y, constantemente, se va engordando esa cifra. Este hecho contrasta mucho con tener uno de los índices de criminalidad más bajos de Europa, sin embargo, tiene mucho que ver con la necesidad de control social que tiene el ente estatal. Si sumamos el número de policías y militares nos encontramos con una cifra que supera el medio millón, es decir, un siervo del Estado perfectamente entrenado y con un arsenal de destrucción a su alcance, por cada 90 personas.
La cifra es suficientemente elocuente para ver bien a las claras dónde tiene el Estado sus prioridades.

Por si esto fuera poco, hay una última cuestión más que destacable. A pesar de la ola privatizadora de las últimas décadas, hay una empresa pública (de las más rentables) sobre la cual jamás ha recaído esta amenaza. La SIEP (Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) es la empresa pública que gestiona todas las fases de la construcción de cárceles en este país. Baste decir que en el marco del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios 2005-2012 se han creado o están a punto de hacerlo 46 centros penitenciarios (11 de los cuales son macrocárceles que pueden albergar a unos 2.000 presos cada una). Sólo la construcción de uno de estos macropenales cuesta alrededor de 110 millones (luego llega el gasto que conlleva su funcionamiento) que se conceden a la constructora de turno (¿crisis del ladrillo?).
El presupuesto anual de prisiones asciende a los 1.184 millones de euros. Cada plaza carcelaria cuesta alrededor de treinta y seis mil euros al año que se desglosan de la siguiente forma: 18.000 euros para la constructora, 12.000 euros para funcionarios y personal externo, 6.000 euros para gastos corrientes y servicios, 0 euros para el recluso.
Pero la SIEP lejos de limitarse a esto, es una multinacional que participa en el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de prisiones por todo el mundo (Angola, Brasil, Qatar, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Noruega,...).
A todo este dispendio/negocio hay que sumarle los entre 300 y 500 euros por día que reciben algunas “ONG’s” (que me expliquen lo de no gubernamental) por cada menor recluido en los centros que regentan.

Todo este es el gasto del que jamás prescindirá el Estado por mucho que nos diga lo imprescindible de los recortes. Esto pone de manifiesto la auténtica cara del ente estatal y su papel en el sistema social de la humanidad. Finalmente, se desvela que dentro del par Estado-Capital, el primero se encarga de velar por la seguridad del segundo y de mantener una guerra (en todos los frentes) contra la sociedad. Porque un capitalismo no asistido, no mantenido y periódicamente reconstituido por el ente estatal es impensable e imposible, por eso, el Estado debe mantener al pueblo bajo un férreo control.

En palabras de Galeano en su Patas arriba: El Estado debe ocuparse de la disciplina de la mano de obra barata, condenada a salarios enanos, y de la represión de las peligrosas legiones de brazos que no encuentran trabajo: un estado juez y gendarme y poco más. En muchos países del mundo, la justicia social ha sido reducida a justicia penal. El Estado vela por la seguridad pública: de los otros servicios, ya se encargará el mercado; y de la pobreza, gente pobre, regiones pobres, ya se ocupará Dios, si la policía no alcanza. Aunque la administración pública quiera disfrazarse de madre piadosa, no tiene más remedio que consagrar sus menguadas energías a las funciones de vigilancia y castigo.

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NUEVA LEY: LA JUSTICIA ES PARA LOS RICOS

El pasado 1 de noviembre entró en vigor, sin apenas ruido, la Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal. El objetivo teórico de esta nueva ley es aliviar la sobrecarga que sufre de manera crónica la administración de justicia (y eso que jamás se ha juzgado ni se juzgará de verdad a los mayores delincuentes del Estado). Sin embargo, como cualquier avispado lector ya se está imaginando, la verdadera finalidad de la ley es favorecer al Estado y a los grandes capitalistas frente al resto de los mortales.

Ahora iremos viendo el porqué de esta afirmación.

Las reformas aprobadas afectan a los procesos civiles y a los de carácter contencioso-administrativo, es decir, pleitos contra Administraciones públicas.

Por lo que respecta a los procesos civiles:

- La más destacada de las modificaciones es la nueva regulación del desahucio del arrendatario por impago de renta o cantidades asimiladas a la misma (luz, agua, impuesto sobre bienes inmuebles,...) De ahora en adelante, cuando un propietario presente una demanda por impago, el secretario judicial dará 10 días al inquilino para que pague, se largue o presente alegaciones (con lo que supone para alguien que no puede pagar el alquiler tener que recurrir a abogados y procuradores). Al cabo de este plazo si no se ha hecho nada, el mismo secretario judicial señalará fecha de desahucio sin necesidad de ningún juicio.
Es necesario destacar, que hasta ahora no se protegía tanto a los propietarios de vivienda en alquiler ya que solían ser personas sin importancia, es curioso que se haga justo en el momento en que las entidades financieras se convierten en los principales acumuladores de viviendas. Como vemos, otra ley más al servicio del capital.

- No menos importante es la limitación del acceso al sistema de recursos para las personas con un nivel de renta insignificante para el sistema. Esta limitación afecta tanto a lo civil como a lo contencioso-administrativo. La reforma dice que para poder interponer recursos de casación ante el Tribunal Supremo la cuantía que está en juego en dicho proceso deberá ser superior a los 600 mil euros (antes el mínimo era de 150 mil) El Estado asegura que este tipo de recursos queden sólo a disposición de los ciudadanos que manejan “negocios” de estas cantidades, es decir, los ciudadanos de primera clase. Así los señores del Supremo ven reducido su trabajo al eliminar todos los asuntos de poca monta pertenecientes a los ciudadanos de segunda.

Procesos en lo contencioso-administrativo:

- De la misma forma, se limita la posibilidad de interponer recurso de apelación ordinaria (segunda instancia) para los asuntos de menos de 30 mil euros (antes eran 18 mil).

- Se instaura la regla general de imposición de costas al litigante que ve desestimada su causa, es decir, a partir de ahora (como ya sucedía en los procesos civiles) el que pierde paga. Lo que pasa que aquí una de las partes (la Administración pública) tiene innumerables recursos: abogados, procuradores, peritos, expertos... (que pagamos todos) y la otra normalmente no los tiene. Así si pierde la Administración sólo paga al abogado y procurador del contrincante (con el dinero de todos claro está) pero si pierde el ciudadano el dispendio probablemente le arruine de por vida. De esta forma, el Estado afianza su fortaleza ante los ciudadanos pobres y los somete todavía más esgrimiendo una vez más una de sus armas más poderosas: el miedo.

Además de esta ley, en los últimos tiempos se han aprobado otras dos medidas que inciden nuevamente en favorecer al capital frente a los trabajadores:

- Modificación de la Ley Concursal que pretende “ofrecer a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de refinanciación” en el proceso de cierre concursal. Esto es justo todo lo contrario que le ofrecen a todos aquellos que se ven obligados a abandonar su hogar.
- Ley de Jurisdicción Social que posibilita “un tratamiento uniforme del accidente de trabajo” pero que sobre todo se dirige a fomentar la conciliación extrajudicial, es decir, acuerdo directo trabajador-empresa (como si tuvieran el mismo poder negociador).


Finalmente, pero no menos importante, tenemos el asunto del turno de oficio. Sistemáticamente, todas las Comunidades Autónomas han dejado de pagar a los abogados del turno de oficio. Como sabemos, estos son los abogados a los que se recurre cuando no se tienen ingentes cantidades de dinero. A modo de ejemplo: en la Comunidad de Madrid se adeudan más de 20 millones de euros y en la Comunidad Valenciana más de 10 millones. Es precisamente esta última Comunidad la que ha dado en el clavo sobre el futuro que se quiere para el turno de oficio (ya que, de momento, no se plantea su erradicación total, aunque tiempo al tiempo): ha pedido que se permitan fórmulas alternativas a la gestión de la justicia gratuita. Esta alternativa no es más que subcontratar el servicio con despachos privados.

Con todas estas medidas, leyes e ideas podemos afirmar que la administración de justicia queda prohibida de manera definitiva para la clase trabajadora y se reserva sólo para servir a los intereses del Estado y del Capital. Históricamente esto ha sido siempre así, la diferencia es que a partir de ahora lo es por ley y no sólo por costumbre.

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